Grupo de gobierno y oposición debatieron diversas mociones y aprobaron por unanimidad el rechazo al traslado del COC de Iberdrola
A Rúa celebró el primer pleno del año, un pleno convocado en hora y fecha en desacuerdo con la oposición (PSOE y BNG) y que llevó a los socialistas a presentar un escrito para impugnarlo.
El alcalde, Álvaro Fernández (PP), justificó que no se desarrollase cuando debía (el primer lunes de cada mes impar a las 20,00 horas de la tarde) debido a la carencia de secretario municipal, una razón insuficiente, a juicio de la oposición porque, argumentó el BNG, los plenos se están cambiando de forma reiterada y sistemática.
Sea como fuere, el secretario —que se trasladó desde la Diputación— consideró legal la convocatoria fuera de los tiempos estipulados y elevó a votación si se celebraba o se suspendía el pleno. Los votos a favor del grupo de gobierno llevaron a ejecutar la sesión.
Fue un pleno de mociones (sin otros asuntos en el orden del día), tenso, con un debate interminable que, lejos de acercar, alejó aún más las posturas de grupo de gobierno y oposición. Podría calificarse como el pleno de la «discordia». Imperó el desacuerdo, a excepción del apartado relativo al rechazo del traslado del Centro de Control de Iberdrola, que fue aprobado por unanimidad.
La sesión arrancó con una moción del BNG sobre un plan de ayudas directas al comercio y la hostelería. La portavoz del BNG, María G. Albert, argumentó la necesidad de respaldar a los sectores aquejados por la crisis derivada de la pandemia. Propuso una línea de 100.000 euros que se podrían deducir, señaló, de la partida de eventos y fiestas suspendidas desde el inicio de la COVID-19. En el marco del debate, reprochó que si el Concello gasta 70.000 euros en una calle, también se podría invertir en comercio y hostelería.
La moción fue apoyada por el portavoz socialista, Luis Fernández Gudiña, que la calificó de interesante, al tiempo que señaló que el PSOE redactó otra alusiva a que dicho tipo de ayudas corresponde a la Xunta.
El portavoz del RUA, José Vicente Solarat, citó la gestión de la Xunta en esta materia, recordando que habilitó 3 líneas de ayudas. Y el alcalde aclaró que la mala situación financiera del Concello, sin recursos económicos, convierte la propuesta en inviable. Álvaro Fernández señaló que la institución municipal ha realizado, en la medida de sus posibilidades, campañas para dinamizar los sectores económicos de A Rúa (una de ellas se iniciará pronto para dinamizar el comercio) y que suspendió el cobro de tasas de las terrazas de hostelería y de los feriantes.
Además, el alcalde valoró que la mejor forma de colaborar es pagando las deudas a los proveedores, afirmación que fue calificada por María G. Albert como «Göbbeliana» («Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad»). Así las cosas, la moción nacionalista no prosperó.
Si el comercio y la hostelería generaron grandes discrepancias entre grupo de gobierno y oposición, también lo hizo una moción del PSOE para rechazar el traslado del Centro de Operaciones de Cuenca de Iberdrola de A Rúa. Fue aprobada por unanimidad, pero no sin antes «estirar» las diferencias entre los portavoces.
El portavoz del PSOE, Luis Fernández Gudiña, señaló que el traslado del COC de Iberdrola supondrá la pérdida de puestos de trabajo y retrató el impacto ya conocido de su traslado a Salamanca. La portavoz del BNG, María G. Albert, lo respaldó y puso por delante que no es de recibo que Iberdrola deje plantada ahora A Rúa después de beneficiarse de la explotación de los recursos de Valdeorras.
José Vicente Solarat habló de que la deslocalización se produce a nivel global y el alcalde quiso poner los puntos sobre las «íes». Álvaro Fernández espetó que la oposición «llega tarde, a destiempo» porque la partida del COC de Iberdrola fue una decisión tomada y pensada hace ya dos años. Recalcó que en su día tuvo una reunión con el conselleiro de Economía para trasladarle «nuestra preocupación» y que es una decisión de la empresa a nivel nacional.
El regidor dijo que de 16 empleos del COC solo hay 5 afectados directamente porque existen jubilaciones anticipadas y traslado de personal responde a mejoras de empresa. Eso sí, abogó porque la oficina de Iberdrola que queda en A Rúa sea «nutrida» de alguna forma, que adquiera mayor peso y actividad profesional. En este sentido, quiso incorporar un punto a la moción socialista, intención que el secretario frenó porque «no es posible modificarla, hay que votarla como es».
Fue en medio del debate cuando se montó un pequeño «belén». El regidor reprochó a Avelino Fernández que «vaya difundiendo en redes sociales que me preocupan más mis empresas que el Concello». Y le lanzó una pregunta: «¿Cómo pretenden defender los puestos de trabajo de Iberdrola, atentando contra los puestos de trabajo de mis empresas? Su comentario está fuera de la política».
El rifirrafe siguió durante el debate de otras dos mociones, una del PSOE que solicitaba a la Xunta un nuevo modelo eólico y otra del BNG sobre la toma de posición del Concello frente a los parques eólicos.
El portavoz del PSOE, Luis Fernández Gudiña, habló de la necesidad de que la Xunta reconsidere el modelo de los parques eólicos que, entre otras muchas cosas, contempla la posibilidad de la declaración de utilidad pública, algo que estima una desventaja.
La portavoz nacionalista, María G. Albert alertó de que el Concello no ha presentado alegaciones, cuando expira el plazo, y remarcó que A Rúa está afectada por tres parques eólicos. Dijo que hay aerogeneradores «que están situados a 50 metros de la Red Natura Ancares-Caurel. Vamos a contar con molinos de 200 metros cuando la Catedral de Santiago mide 70 metros. Se acabó el turismo en A Rúa si esto va a adelante».
El portavoz del RUA, José Vicente Solarat, propuso convocar la Comisión de Medio Ambiente teniendo en cuenta la complejidad de la legislación (autonómica, nacional y europea) de los parques eólicos, una iniciativa compartida por el alcalde mientras que la oposición insistió en que no habrá tiempo ya para alegar.
Y el alcalde dijo ser conocedor de los proyectos de los parques eólicos rechazando que tengan el impacto apuntado por el BNG, afirmación que hizo llevarse las manos a la cabeza a María G. Albert, quien señaló que estuvo mes y medio estudiando el proyecto de los parques eólicos y que es conocedora de su impacto.
El debate continuó. Después llegaron otras mociones, una del PSOE sobre el Día Internacional de la Mujer y dos del PP alusivas al acondicionamiento de de la OU-533 con fondos europeos y a la solicitud al Gobierno de España para reconocer la capacidad de gestión de las entidades locales y aumentar los fondos europeos de recuperación asignados a los Concellos y Diputaciones.
