Se pronuncia sobre la evolución del conflicto en Samaca e Irosa y afirma que elabora una propuesta para tratar de solucionarlo
El presidente del grupo empresarial de Samaca e Irosa, Rogelio López, mostró hoy su más firme voluntad para solucionar el conflicto generado a raíz del desahucio de los terrenos que ocupan sus instalaciones con motivo de la ejecución de la sentencia alentada por la actual Comunidad Vecinal de Montes en Mano Común de Portela y Trigal. Lo hizo en la sede del Clúster de la Pizarra, en Sobradelo (Carballeda). Puso por delante un sí rotundo a la negociación, que está en su fase incipiente, y relató cómo se llegó a la situación actual.
Rogelio López señaló que «estamos elaborando una propuesta para presentar a la Comunidad de Montes. Primero quiero saber nuestra situación para saber qué podemos ofrecer», indicó, aclarando que nunca se ha negado a dialogar con nadie ni mucho menos a pagar una renta, poniendo como ejemplo la paz que existe con otras comunidades con las que el grupo empresarial mantiene otros contratos.
Rogelio López comenzó hablando de la evolución de los hechos. Se remontó a 1977, cuando después de comprar unas fincas, se comenzó a construir el almacén de Samaca y, unos años después, la nave de elaboración de pizarra de Irosa. Entonces, se llegó a un acuerdo con los vecinos del pueblo —relató— y la empresa pagaba la traída de aguas y ellos a cambio le concedían unos terrenos para seguir creciendo por tiempo indefinido. Un intercambio por el que a día de hoy la vecindad sigue disfrutando del citado abastecimiento.
La situación fue cambiando al compás del avance de los años. Los comuneros ya eran otra generación y la propia Ley de Montes prohibía hacer arrendamientos por más de 11 años. «Cumpliendo la legislación, hicimos un arrendamiento en 2004 —explicó Rogelio Fernández— por ese tiempo permitido. Estuvimos ampliando y haciendo obra nueva hasta que finalizó el contrato», explicó.
Fincas de propiedad particular
En ese contrato, del que Rogelio López cuenta con toda la documentación, existía una cláusula en la que se dice que dentro de ese perímetro se hallan ubicadas fincas de propiedad particular que, «obviamente, quedan excluidas del arrendamiento. Es decir, llevábamos comprando fincas desde hacía más de 40 años», aclaró.
Cuando terminó el contrato, detalló Rogelio López, «nos pusimos a negociar la renovación y no tuvimos inconveniente en poner un precio superior, pero nos pedían cinco veces más de lo que estábamos pagando. Sin embargo este no fue el problema, sino las condiciones que nos exigían para renovar el contrato, inasumibles para la empresa», subrayó.
Condiciones del contrato antes de la denuncia que llevó al desahucio
Manuel Pérez, directivo en el grupo empresarial, dio lectura al documento de las citadas condiciones: «Reconocimiento de la propiedad de todos los terrenos sobre el que están construidas las fábricas, tanto de las propiedades de Irosa como Samaca, de modo que éstas teníamos que cedérselas a la comunidad de montes; no promover ningún expediente de utilidad pública ni de expropiación, ni ahora ni en el futuro estableciendo una penalización de 500.000 euros en el caso de incumplimiento de esta cláusula; suscribir un contrato de arrendamiento por la totalidad de las hectáreas para Samaca e Irosa, donde el precio serían 4.500 euros por hectárea y un plazo de cinco años con imposibilidad de cesión a terceros de este contrato; pagar todos los atrasos de contratos anteriores desde 1 enero de 2015.»
Rogelio López valoró que el precio siempre se puede negociar, pero que las condiciones eran inasumibles pues pedían «entregar todas las fincas particulares al pueblo con todas las fábricas, naves, oficinas, comedores y todo lo que teníamos allí, que en total eran 14 edificaciones. Naturalmente, eso no lo podíamos aceptar. A ninguna empresa le piden lo que nos pidieron a nosotros, ni la entrega de edificios y naves encima del monte y de las fincas particulares», lamentó.
Detalló que la Comunidad de Montes de Portela y Trigal, a los cuatro días de presentar sus condiciones para la renovación, «no esperaron, ni nos dieron tiempo, a plantear nuestra propuesta y presentaron en el Juzgado directamente la solicitud de desahucio».
Expropiación
Rogelio López también habló del proceso de expropiación. Recordó que se realizó todo el proceso hasta el acta de ocupación y abono del correspondiente pago. «Creíamos que aquí se terminaba el problema, pero no fue así. Ellos consiguieron una sentencia favorable al finalizar el contrato de arrendamiento. Y ahora nos encontramos con que nosotros tenemos la propiedad de terrenos, o bien por propiedad o bien por expropiación, y ellos tienen una sentencia que dicen que debemos desalojar».
Discrepancia
Rogelio López argumenta que la discrepancia está en que los comuneros «no quieren reconocer ni la propiedad de los terrenos ni la validez de la expropiación». Señaló que si bien es cierto que la sentencia es anterior al proceso de expropiación, también lo es que «hay sentencias que por circunstancias sobrevenidas no se pueden cumplir».
La sorpresa mayúscula para Samaca e Irosa fue «que no se tuviera en cuenta que había fincas particulares, que no fueron objeto de arrendamiento (tal y como acredita la propia sentencia). Por tanto, no nos podían lanzar de ellas. Pensábamos que el trámite sería, porque así estaba en la orden judicial de desahucio, deslindar las fincas antes de proceder al desahucio. Pero no fue así», cuenta.
De hecho, la sentencia judicial cita textualmente: «Dentro de este perímetro se hallan ubicadas distintas fincas de propiedad particular que, obviamente, quedan excluidas del arrendamiento».
«Ellos quieren hacer cumplir la sentencia sin tener en cuenta eso y nosotros consideramos que los terrenos son nuestros, unos por propiedad y otros por expropiación«, destacó Rogelio López.
Los litigios de la Comunidad de Montes de Portela y Trigal
El presidente de Samaca también habló de la Comunidad de Montes de Portela y Trigal. «Los litigios que hay entre los vecinos, también nos están afectando». En este sentido, dijo que el presidente de la junta rectora, y su abogado, están consiguiendo mantener la mayoría de los comuneros inscritos.
«Los que no son de su cuerda, o no los admiten o los expulsan, de tal forma que siguen conservando la mayoría. Los que expulsan están ganando los pleitos, pero ellos recurren y siguen teniendo el poder en sus manos. Como ahora los pleitos están terminando y los expulsados están ganando, para obtener la mayoría lo que se les ocurre admitir a un vecino que vive en O Barco y también al abogado de la comunidad, para seguir controlando la comunidad», dijo Rogelio López.
En este sentido, recordó que para ser comunero, tanto la Ley como los estatutos de la comunidad dicen que la condición es el plazo de residencia será de un año, «tiempo de residencia que no cumplen esos dos nuevos comuneros».
Rogelio López concluyó aseverando que hará todo lo que está en sus manos para que se solucione el conflicto y preservar el empleo.
