La Asociación de Montes de Portela y Trigal entregó las llaves y la empresa retomó la normalidad en su actividad
Fue una mañana larga y tensa. El desahucio de los terrenos de Irosa-Samaca se materializó en las primeras horas de esta jornada, de forma pacífica, sin oposición ni resistencia por parte de los trabajadores, a la espera de una firma de acuerdo entre empresa y comuneros sobre la que pesaba la duda y desconfianza sobre si prosperaría. Y prosperar, prosperó.
Hubo un gran despliegue de efectivos de la Guardia Civil, pero no hizo falta su intervención. Apostados en la explanada de Irosa, trabajadoras y trabajadores, aguardaron pacientes y con incertidumbre el devenir del conflicto, con el temor flotando en el ambiente sobre la pérdida de sus puestos de trabajo. «Esto ya tenía que estar resuelto», decía una trabajadora sin poder contener las lágrimas.
Y llegó el momento del desahucio. La secretaria del Juzgado procedió a hacer efectiva la sentencia del lanzamiento de Irosa, en presencia de las dos partes en conflicto y la mirada atenta de los trabajadores. Posteriormente, y tras el cierre de puertas por un cerrajero, que dan acceso a las naves, en la que el propio presidente del grupo empresarial, Rogelio López, cooperó, los representantes de la empresa y de los comuneros se desplazaron hasta la Notaría de O Barco, donde permanecieron aproximadamente tres largas horas para acabar firmando el acuerdo que permite la continuidad de la empresa y salva el empleo (más de 200 y otros tantos puestos indirectos).
Fue el representante del comité de empresa, Ramón Porto (CIG) y Óscar Guerrero (de CC.OO) —este último que tuvo acceso a la negociación del acuerdo— fueron las personas que comunicaron la esperada firma del acuerdo, mostrándose satisfechos del feliz desenlace.
Ramón Porto (CIG) señaló que «esto supone para los trabajadores una gran alegría y quitarnos un peso de encima. Ya podemos respirar, pues ya firmaron. Conseguimos mantener nuestros puestos de trabajo. Es como si fuese un regalo de Navidad».
Óscar Guerrero (CC.OO.), que estuvo en la negociación el día anterior, argumentó que «ahora solo queda que ambas partes cumplan el acuerdo para evitar problemas en el futuro”
A la salida de la Notaría en O Barco, el presidente de la Comunidad de Montes de Portela y Trigal, Odilo Fernández, entregó las llaves a Rogelio López para el acceso a las instalaciones.
Los términos del acuerdo
El abogado José Antonio Iglesias, en representación de los comuneros, explicó los términos del acuerdo. La Comunidad de Montes de Portela y Trigal establece nuevos contratos de arrendamiento de las parcelas ocupadas y que son de su propiedad por un período máximo de 11 años, susceptibles de prórroga. «También se fijó una nueva renta de los terrenos y se acordó una indemnización que debe satisfacer la empresa por la ocupación de terrenos desde el 31 de diciembre de 2014 hasta la actualidad”.
Iglesias apuntó a que la demora en la firma del acuerdo se produjo porque hubo que corregir y establecer los términos definitivos de la redacción final del acuerdo.
Sobre el preacuerdo firmado la semana pasada, el abogado señaló que el citado documento establecía dos supuestos, en función de la sentencia que dictase el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (favorable o no a la expropiación). «El TSXG dictó la sentencia el pasado lunes y a partir de ahí la empresa y la comunidad se pusieron a trabajar. No es que no se respetasen los acuerdos, como se ha dicho, sino que era necesario articularlos en función de la sentencias. Ambas partes estaban en disposición de llegar a acuerdos en los dos supuestos”, precisó.
Iglesias explicó que el desahucio de esta mañana se ejecutó porque no estaba firmado el documento público, ni los contratos de alquiler y porque había que poner fin a los procedimientos de desahucio tramitados por el Juzgado de primera instancia de O Barco.
También expresó su agradecimiento a la “confianza que la Comunidad de Montes depositó en el equipo jurídico que se encargó de la defensa de sus intereses, a todos los profesionales como ingenieros, economistas, psicólogos y felicitó al abogado Miguel Ángel Quiroga Gayoso, la persona que dirigió el procedimiento contencioso administrativo en relación a la expropiación de los terrenos de la comunidad, «con una sentencia favorable a los comuneros, dejando sin efecto a expropiación acordada en su día por la Xunta de Galicia”.
Además, agradeció la colaboración de los mediadores en la negociación y la buena disposición de las partes, tanto de las empresas afectadas, como de la Comunidad de Montes, pues gracias a ello se mantienen los puestos de trabajo y la continuidad de la empresa.
Rogelio López: «El acuerdo sí cambió, tuvimos que firmar todo aquello que nos pidieron»
El presidente del grupo empresarial de Irosa y Samaca, Rogelio López, valoró positivamente el acuerdo, pero dijo que «el acuerdo sí cambió». Señaló que el preacuerdo de hace 20 días contemplaba dos posibilidades. «Si la sentencia de expropiación de terrenos era favorable a la comunidad haríamos de una manera y si ganaba la empresa, de otra. Pero cuando se conoció la sentencia, eso que haríamos en caso de que ganar la comunidad, ya no valió. Entonces, las exigencias fueron completamente distintas y fuimos retrasando las cosas y, al final, como ya era inevitable el lanzamiento, tuvimos que firmar todo aquello que nos pidieron”.
Rogelio López señaló que «los motivos que nos movieron a tragar todo lo que se nos exigió fueron dos», uno porque estaban las fuerzas del orden público estaban «preparadas para intervenir y yo por nada del mundo querría verlas, y las respeto profundamente, dándole palos a nuestros trabajadores, eso era algo que había que evitar a toda costa. Y, en segundo lugar quería evitar el cierre de la empresa y conservar los puestos de trabajo, que es el más importante, porque si se cierra yo sé que no se vuelve a abrir nunca, porque si se va a los tribunales, todos sabemos que eso tarda. Y una empresa que cierra seis meses, ya no tienen arreglo.
Rogelio López agradeció también el excelente trabajo de la Xunta de Galicia y «así lo reconoció la sentencia de expropiación» que, aún cuando fue favorable a los comuneros, «no hace ninguna mención de errores ni malas intepretaciones de la expropiación”. Y detalló que «nos comprometemos por exigencias de los comuneros a no recurrirla”.
Rogelio López también quiso agradecer la implicación y respaldo de Valdeorras, la tarea de la alcaldesa de Carballeda, María del Carmen González y del alcalde de O Barco, Alfredo García, como mediador. «Sin ellos no hubiera sido posible la solución», dijo.
Los trabajadores recobraron la esperanza. Alguien dijo a primera hora de la mañana que el arcoíris que lució en el entorno durante buena parte del día era una buena señal y, sea como fuere, el desenlace del conflicto fue feliz.
