La revisión de franjas secundarias la realizarán por las brigadas municipales, según explicó el vicepresidente primero y conselleiro de Economía durante la exposición del Plan de prevención de incendios forestales en Galicia
El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, destacó hoy el conjunto de medidas del nuevo «Plan de prevención de incendios forestales» que tiene como objeto “evitar que se produzcan incendios forestales o, en caso de que se registre alguno, que su propagación sea la menor posible”. Entre ellas, destacó el refuerzo de la vigilancia para garantizar que las parcelas más próximas a la vivienda estén limpias y rozadas. Para eso, apuntó a la importancia de que el 89 % de los ayuntamientos gallegos están integrados al sistema de gestión de la biomasa; subrayó la «novedad» de contar con un visor público en línea para que cualquier ciudadano sepa que parcelas deben estar acondicionadas; y valoró la implicación de las brigadas forestales en la revisión de las franjas cerca de las casas para que la gestión de la biomasa sea la correcta, ya que hasta ahora solo se encargaban de las labores de desbroce y extinción.
Además de estas acciones en el territorio, Conde puso en valor actuaciones dirigidas a la concienciar la población que se recogen en el Plan de prevención de incendios forestales —a lo que hoy el Consello da Xunta le dio el visto bueno— como las más de 300 charlas en centro educativos de Galicia o acciones de formación en 40 parroquias de alta actividad incendiaria del rural.
Conde precisó que el plan estará en vigor hasta marzo del próximo año 2024 (incluido) y prevé actuar en cuando menos unas 60.000 hectáreas de terreno y en unos 5.600 km de pistas forestales y otras vías, además de en casi 4.840 puntos de agua, entre la creación de puntos nuevos y el mantenimiento de los existentes. En lo que se refiere a las quemas prescritas, hasta marzo de 2024 esta previsto ejecutarlas en más de 2.100 hectáreas. El plan contará con un presupuesto de casi 38,8 millones de euros, más de un 17 % de aumento con respecto al de 2022.
Conde explicó que con la incorporación de diversas novedades, se busca reforzar la revisión y gestión de la biomasa en las franjas secundarias (las más próximas a las viviendas), teniendo en cuenta además que son ya 279 los municipios adheridos al convenio de protección de las aldeas entre la Xunta de Galicia, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga, lo que supone el 89 % del total.
De este modo, avanzó que están previstas ya 2.790 hectáreas de ejecuciones subsidiarias en el marco del acuerdo, cifra que podría aumentar con las actuaciones en ayuntamientos piloto. Una de esas novedades es un visor público al amparo del convenio, que mostrará a los ciudadanos, para su consulta y posterior limpieza, las parcelas dentro de las franjas (en concreto, de los ayuntamientos con Plan municipal de prevención aprobado). Asimismo, se incorpora la revisión para comprobar el nivel de gestión de los predios de las franjas secundarias en los convenios de brigadas que mantiene el Gobierno gallego con los consistorios, que hasta ahora se centraban en labores de desbroce y de extinción.
El principal objetivo de este plan preventivo es anticiparse a los incendios forestales o que, en caso de que se registren, su propagación sea la menor posible. Al mismo tiempo, entre sus finalidades están las de limitar la potencialidad de los grandes incendios forestales (GIF), elaborar la cartografía necesaria para planificar las actuaciones preventivas con mayor eficiencia o diseñar una red de infraestructuras preventivas correctamente dimensionada, y mantenidas en buen estado de conservación.
Se trata también de gestionar la biomasa forestal en zonas estratégicas mediante técnicas silvícolas idóneas, y de fomentar actuaciones silvopastorais y pasteros, así como de desarrollar un plan de quemas prescritas, avaladas por los técnicos del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, con el fin de reducir la biomasa en lugares estratégicos. En este caso, se prevé actuar en más de 2.100 hectáreas, triplicando las cerca de 700 ha realizadas desde abril pasado.
La concienciación de la población sobre el riesgo que suponen los incendios forestales y sus impactos negativos es otra de las finalidades del plan, que incidirá sobre todo en la población rural y también en la comunidad educativa. Asimismo, se trata de regular el uso del fuego por los ciudadanos en función del riesgo esperado y de mantener informados a los habitantes del rural, así como de colaborar con las administraciones y con los organismos implicados en la prevención de incendios, coordinando las actuaciones para lograr una mayor efectividad de las medidas.
Este plan se estructura en dos grandes bloques. Por un lado, la programación de medidas y acciones dirigidas a la población y, por otro, las centradas en el territorio. Las primeras tienen que ver, por ejemplo, con la sensibilización de la población escolar.
Así, están previstas un total de 304 charlas, 16 en cada distrito forestal, dirigidas a estudiantes de diferentes niveles, que serán impartidas por agentes ambientales y técnicos. En esta misma línea, también se prevén acciones de formación dirigidas a la población rural -como 40 charlas en parroquias de alta actividad incendiaria-, así como campañas de difusión en medios de comunicación. En este punto también se incluye la tramitación del anteproyecto de la Ley integral contra los incendios forestales o el desarrollo del Centro Integral para la Lucha contra el Fuego de Toén (Ourense), que tiene ya en funcionamiento las pistas de entrenamiento para vehículos todoterreno y motobombas.
Acciones en el territorio
El segundo gran bloque de este plan preventivo se centra en las medidas y acciones dirigidas al territorio. En este amplio abanico se integran por ejemplo las relativas a la vigilancia del cumplimiento de los deberes de gestión de la biomasa, tanto en las franjas primarias (de carreteras y vías férreas) como en las secundarias (las más próximas a las viviendas) y en las terciarias (de caminos, pistas y cortafuegos en terreno forestal, fundamentalmente).
En relación con las franjas más próximas a las casas, el plan integra, entre otras acciones, las vinculadas al convenio de colaboración suscrito con la Fegamp y Seaga para la protección de las aldeas. Así, se ponen en valor el hecho de que ya estén adheridos al acuerdo el 89 % de los municipios gallegos (279 en total), así como de que ya estén elaborados 273 planes municipales de prevención (representan casi el 98 % de los ayuntamientos adheridos) y 216 planes aprobados (más del 79 % de los elaborados).
En el marco del avance en la elaboración de estos planes, este año -como novedad- se ponen a la disposición un visor de franjas secundarias de gestión de biomasa, accesible para toda la ciudadanía. En concreto, aparecerán delimitadas las franjas secundarias de aquellos ayuntamientos que tengan el Plan de prevención aprobado, de manera que cualquier persona podrá visualizar las parcelas incluidas en estas franjas, con indicación de la parroquia, referencia catastral, superficie total y superficie afectada por la franja, con el fin último de garantizar la prioritaria gestión de la biomasa en los entornos de las viviendas, de cara a la anticipación a los incendios forestales.
En el plan se recogen datos relativos a la gestión de la biomasa, tanto en parroquias priorizadas como no priorizadas dentro de este convenio, así como las ejecuciones subsidiarias previstas o las labores en vías de titularidad municipal. En el caso de las ejecuciones subsidiarias, cada ayuntamiento de los 279 adheridos podrá solicitar hasta 10 hectáreas de actuación, hasta un total de 2.790 ha; pero los designados como ayuntamientos piloto (de momento, As Nogais, Monterrei, Cualedro, Lobios, Carnota, Gondomar y A Gudiña) no tendrán límite, por lo que se prevé que esta cifra aumente. A mayores, se recogen las iniciativas vecinales realizadas y las actuaciones mecanizadas previstas (mediante el uso de hasta 35 tractores y de maquinaria multifunción).
En referencia a la planificación de las labores preventivas, se recogen los que está previsto realizar con medios propios (incluidas las quemas prescritas), los contratados, los desarrollados mediante subvenciones y los enmarcados en convenios con las entidades locales. Estos últimos se refieren a las motobombas, a los desbroces o a la constitución de brigadas, en este último caso, con novedades, ya que incorporan para su subvención la inspección del estado de gestión de biomasa de las parcelas incluidas en la red de franjas secundarias, más allá de la extinción y de la prevención mediante desbroce.
A estos acuerdos hay que añadir los convenios entre la Xunta de Galicia, la Fegamp y las diputaciones provinciales para el desarrollo de los grupos de emergencia supramunicipales (GES), que también desarrollan, entre otros, trabajos preventivos; o el convenio con la Diputación Provincial de Ourense y 13 ayuntamientos de la provincia para la dotación de tractores y desbrozadoras. Con respeto a los puntos de agua, se prevé actuar en casi 4.840, entre el mantenimiento de los existentes y la creación de puntos nuevos.
Este plan preventivo se integrará en el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestais (Pladiga) 2023 que, como es habitual, se aprobará antes del inicio de la temporada de alto riesgo de fuegos, que se iniciará el 1 de julio.
Apuesta por la prevención
La implicación de la Administración autonómica en las actuaciones preventivas se incrementó notablemente en los últimos años. En el año 2020 el presupuesto rondaba los 30,5 millones de euros, que pasan a los casi 39 millones de la actualidad, desde entonces se proponen actuaciones que cada año superan los 5.000 km de pistas y que en hectáreas se acercan en la actualidad a 60.000 (se partía en 2020 de cerca de 46.000).
Un punto destacado en este sentido es la importantísima evolución del convenio de colaboración con la Fegamp y Seaga, principalmente desde el año 2021. Así, entre 2021 y 2022, se inspeccionaron un total de 84.914,57 hectáreas de 1.243.069 parcelas incluidas en la red de franjas secundarias de gestión de la biomasa. En lo relativo a la superficie gestionada, bien por los propietarios o bien de manera subsidiaria, pasó de representar la mitad del total en 2019 a superar el 70 % en 2022.
Además, los propietarios de las parcelas no gestionadas están siendo objeto de la correspondiente notificación, advirtiéndoles de la repercusión del coste y de la imposición de sanción en caso de incumplimiento. Estamos hablando, desde el año 2021, de 250.303 notificaciones generadas y de 208.635 referencias catastrales para publicar en diarios oficiales.
Con base en el convenio y como refuerzo de las actuaciones preventivas propias de este plan, se prosiguió con la cesión de maquinaria para emplear con este fin. De este modo, durante los años 2021 y 2022 fueron beneficiados directamente 55 ayuntamientos. Además, se cedieron tractores para uso del personal propio de los distritos forestales, que actuaron en ayuntamientos adheridos de su demarcación.
