Nuevo avance para la remodelación de los antiguos juzgados en O Barco

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El pleno aprobó una moción sobre los usos dotacionales del edificio situado en la calle Doctor Pérez Lista y se dio cuenta de las nuevas vías de financiación y plazos

La Corporación municipal de O Barco reanudó el «curso» después del paréntesis del mes de agosto. Celebró un pleno en el que el grupo de gobierno, que preside Alfredo García, dio a conocer el avance de un importante proyecto que permanecía «estancado», la rehabilitación de los antiguos juzgados, situados en la calle Doctor Pérez Lista, para la ubicación de la sede de la Policía Local, Oficina de Turismo, servicios administrativos y una vivienda de emergencia social.

El grupo de gobierno del PSOE presentó una moción de urgencia para la corrección en el Plan Xeral de Ordenación Municipal Urbana (PXOM) de la redacción de los usos dotacionales para poder reformar el citado edificio previsto ya que se detectó que tal y como constaban podría invalidar el proyecto. Fue aprobado por unanimidad de todos los grupos.

Alfredo García explicó que hace tres años se hicieron gestiones con Vicepresidencia de la Xunta para que la subvención de la obra, entonces 230.000 euros. Paralelamente, se negoció con la Consellería de Facenda para la cesión del edificio al Concello. El inmueble fue cedido pero la falta de subvención o financiación impidió el avance.

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En aquel momento, los viejos juzgados tenían que contar con oficinas de servicio medioambiental porque los fondos salían del Fondo de Compensación Ambiental. «Después de la cesión, dieron un plazo de inicio de obras, pero no fue posible obtener financiación y no se hicieron las obras. Este año, obtuvimos la colaboración Turismo y Vicepresidencia. Pero hubo que modificar el proyecto porque ya no iban oficinas de medio ambiente y sí de turismo. El nuevo proyecto supera ligeramente los 270.000 euros, 40 mil más que el inicial», relató Alfredo García.

Explicó que en el devenir del proyecto fueron surgiendo imprevistos. Uno de ellos es que se percataron de que el plazo para ejecutar obras ya había vencido y había que volver a solicitarlo. «Afortunadamente, los responsables de la Xunta respondieron satisfactoriamente. No hubo que devolver la cesión del edificio y nos mandaron otro documento de cesión. Nos dan tres años de plazo para finalizar la obra. Esto implica que hay que aceptar la cesión pues el convenio ya está firmado por el Concello con los dos departamentos de la Xunta citados», desgranó el regidor.

Ahora ya se están redactando los pliegos para sacarlo a concurso por la vía de urgencia. «Tenemos todo el año 2023 para rematar la obra, pero antes del 15 de diciembre la obra tiene que estar empezada», puntualizó.

Y en este proceso fue cuando en Secretaría, hace unas horas, se toparon con que los usos dotacionales del edificio en el Plan Xeral de Ordenación Urbana no se ajustaban al proyecto, de ahí que se llevase la corrección con urgencia al pleno. «En este expediente no puede haber ninguna mácula, tiene que ir planchado», concluyó Alfredo García.

Al margen de la burocracia, lo importante es el importante avance que registra el proyecto.

El portavoz de Riada Cidadá, Félix García Yáñez, se congratuló de que, por fin, O Barco pueda disponer en ese edificio de un piso de emergencia social. «Es una reivindicación de las mujeres y un avance muy importante en el ámbito social», dijo en alusión a la necesidad de dar servicio a aquellas personas que sufren malos tratos.

Por su parte, la portavoz del PP, Sabina Aguado, señaló que la rehabilitación del edificio de los juzgados «es una propuesta nuestra desde hace muchos años, de modo que no vamos a poner ningún tipo de inconveniente». No obstante, lamentó que, después de haber mantenido una comisión el martes, el alcalde no informase a los ediles «populares» de que existía un problema en el uso dotacional del edificio. «El grupo de gobierno tiene la obligación de informarnos adecuadamente», subrayó.

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El alcalde citó la imposibilidad de comunicarlo a la oposición puesto que se enteró hacía tan solo unas horas. «No era conocedor de que había este problema, de hecho ya se estaba preparando el proyecto», subrayando la urgencia de abordar en el pleno la corrección en el planeamiento del uso dotacional del edificio de los viejos juzgados en el pleno para no retrasar la buena noticia de la próxima rehabilitación del mismo.

El recibo de la basura se reduce en 0,81 céntimos

Durante la sesión también prosperaron otros asuntos por el reconocimiento extrajudicial de crédito (pago de facturas pendientes), la aprobación de los días festivos para 2023 (22 de mayo y 14 de septiembre) y la nueva tasa de recogida de basura, que, según dijo el portavoz socialista Aurentino Alonso, rebaja en un 10 por ciento el coste del servicio, concretamente 0,81 céntimos menos en cada recibo (el canon para el Concello pasa de 66 euros la tonelada de basura a 59,46 euros).

Una modificación presupuestaria (477.375 euros) para el pago de servicios también dio pie al debate sobre el disparado incremento del coste de la energía eléctrica. La subida desorbitada de la luz, que multiplica el gasto municipal, dio pie al portavoz de Riada Cidadá, Félix García, a proponer que se apague el alumbrado público de la 1,00 a 6,00 horas de la madrugada, propuesta rechazada teniendo en cuenta que «el alumbrado también es un sistema de seguridad ciudadana «, si bien sí se aceptó la necesidad de buscar alguna fórmula que a hacer frente a las subidas de las facturas de las compañías eléctricas.

Fue rechazada una moción del BNG, presentada por Suso Vilasánchez, en la que proponía un listado de propietarios y representantes de montes vecinales en mano común afectados por los incendios así como una lína de ayudas de 117.000 euros. Un rechazo justificado porque sí existe el listado (siete comunidades de montes) y ya se está trabajando en un nuevo proyecto de reforestación de las zonas quemadas.

También se descartó otra moción del PP alusiva al cambio de legislación, a nivel estatal, contra la ocupación de viviendas. En este caso se argumentó que el número de viviendas ocupadas en Galicia apenas supera el centenar, 9 de ellas en la provincia de Ourense y ninguna en O Barco de Valdeorras.