Una de las propuestas es poder obrar en casas y espacios públicos situados junto a ríos y arroyos con menos limitaciones, permisos y demoras
El Concello de Vilamartín, que preside Enrique Álvarez Barreiro, ha realizado interesantes sugerencias al Esquema de Temas Importante (ETI), documento que forma parte de la revisión del Plan Hidrológico.
Partiendo de que el agua es un bien común de primera necesidad y de que el censo de población de 1.790 habitantes (agrupados en 11 parroquias, con 22 entidades de población en total y una superficie de 88,3 km2, frente al promedio de Galicia que es de 94 km2), el Ayuntamiento de Vilamartín cita que el abastecimiento a los distintos núcleos obliga a acometer muchas las captaciones. Por ello, la primera sugerencia se realiza en torno a la concesión de aprovechamiento del agua para el abastecimiento.
CONCESIÓN DE AGUA
La Alcaldía de Vilamartín destaca el esfuerzo realizado en los últimos años para dotar de abastecimiento a las distintas localidades y legalizar dichas captaciones, muchas de las cuales han sido utilizadas en los últimos años sin contar con la autorización del organismo de la Cuenca.
La legalización de dichas captaciones supone un desembolso económico importante para las arcas municipales, debido a las obras de adecuación a la normativa sanitaria de Xunta y Confederación Hidrográfica, y a la necesidad de un equipo técnico cualificado para la redacción de toda la documentación para la legalización.
Por dicho motivo, el Concello de Vilamartín considera que debería ser revisado el proceso de concesión de aprovechamiento de agua para abastecimiento de la población y habilitar convenios o acuerdos entre las administraciones locales y la Confederación Hidrográfica para colaborar en el expediente administrativo de la legalización.
Propone compartir los costes. Al mismo tiempo, esto acortaría los plazos, dado que un proceso de este tipo puede durar unos tres años, como así atestiguan el caso de la solicitud de captación de Valencia del Sil y otras que están en trámite en el ayuntamiento, que aún no se resolvieron.
VERTIDOS
El Concello de Vilamartín también considera importante la eliminación de vertidos tanto de carácter urbano como industrial para evitar la contaminación del agua. Por ello, desde el Ayuntamiento de Vilamartín se realizó un inventario del estado de los vertidos de los distintos núcleos del municipio así como una valoración económica de lo que conllevaría su correcta gestión y obras de adecuación.
Desde este punto de partida, se llevaron acabo instalaciones de fosas sépticas en poblaciones que anteriormente realizaban un vertido sin tratar como, por ejemplo, Penouta, Correxais o Valencia del Sil y se está valorando la instalación de nuevas fosas en otros núcleos que, actualmente, carecen de ella.
Sin embargo, todo ello, además del coste económico que genera al ayuntamiento por las obras, supone un coste administrativo en cuanto a solicitud de autorización de vertido, que muchas veces se queda en proceso. «Entendemos que sería muy beneficioso una colaboración entre la Administración local y técnicos de Confederación Hidrográfica Miño-Sil para estas labores». Propone así una coordinación entre administraciones.
ZONA DE SERVIDUMBRE
En la actualidad, los terrenos que lindan con los cauces de ríos y arroyos están sujetos a una zona de servidumbre (de 5 metros de anchura) para uso público y una zona de policía (de 100 metros) condicionada al uso del suelo y a la autorización previa de la Confederación Hidrográfica.
En Vilamartín ello se traduce en un perjuicio. Hay edificaciones que están construidas al lado del río y arroyos, muchas de ellas con más de 100 años de antigüedad. Están ubicadas en la propia margen, a menos de 5 metros de anchura. Es más, en su día algunos ríos y arroyos fueron encauzados para evitar la barrera natural que producía el lecho, como se puede visualizar en Vilamartín y San Miguel de Outeiro, donde hay una calle sobre el río. El problema es que a la hora de programar obras en estas edificaciones tradicionales, los propietarios se encuentran con dificultades para obrar en ellas, ante la negativa de la Confederación Hidrográfica basada en que los inmuebles están o bien en zona de servidumbre o bien en zona de dominio público.
Por esta razón, el Ayuntamiento de Vilamartín, dentro del proceso de revisión do Plan Hidrológico, entiende que debería reconsiderarse la definición de zona de servidumbre y de dominio público para los lechos que transcurren por suelo urbano (urbano, urbanizable o de núcleo rural) y permitir la realización de obras en edificaciones y parcelas para adecuarlas a las necesidades de sus propietarios.
La institución local estima que no es razonable sentenciar a la ruina dichas edificaciones, consolidadas en suelo urbano, por no poder acometer obras de mejora o ampliación.
Por ello, insta a reconsiderar la situación de estas edificaciones y parcelas situadas en
en suelo urbano, en zona de servidumbre o de dominio público y que se permita la realización de obras sobre ellas para facilitar su uso y disfrute acorde a los tiempos actuales.
Sugiere lo mismo para infraestructuras públicas situadas en calles, plazas, parques situadas junto a los cauces, con el fin de que se permita y facilite el acondicionamiento de lugares destinados al uso y disfrute de la comunidad.
RETIRADA DE VEGETACIÓN
Otro punto a considerar la hora de revisar el Plan Hidrológico es el referente al tratamiento de la vegetación de las riberas de los ríos y arroyos en aquellos lugares de recreo y paseo. A la hora de afrontar la limpieza de estas márgenes hace falta solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica, pero «el lento proceso de tramitación hace que estos expedientes no se resuelvan con la premura que debería», indica el escrito de sugerencias.
En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Vilamartín recoge las quejas continuas de vecinos respecto a tramitación de la autorización de tala de árboles, ya sea en la zona de dominio público, servidumbre o policía. El tiempo de tramitación puede llegar a demorar hasta un año la obtención del permiso. «Haría falta facilitar algún tipo de convenio o acuerdo con los ayuntamientos para que ciertas actuaciones se pudieran llevar a cabo por parte de organismo locales sin solicitar la previa autorización», concluye el escrito.
El escrito de sugerencias ya fue debatido en la sesión plenaria del pasado mes de julio.
