Consideran que los gastos, que se elevaron en más del 80 por ciento en dos años, son injustificados y discriminatorios
El PSOE y el BNG de O Barco llevan hoy a pleno una moción para requerir a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) la retirada inmediata de todos los gastos incluidos en los convenios firmados con los concellos para la celebración de las pruebas de evaluación de bachillerato (EBAU) correspondientes a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) por considerarlos injustificados y discriminatorios en todos los territorios de Galicia.
Además instará a la administración autonómica a buscar soluciones que garanticen la continuidad de las actuales sedes de celebración de las pruebas sin sobrecargar económicamente a los ayuntamientos.
La moción señala que se detectó un hecho preocupante con un nuevo concepto denominado «gastos de gestión, coordinación y materiales de las pruebas que por su naturaleza no pueden justificarse en forma directa al no poder individualizarse», con un importe de 3.645 euros. A esa suma hay que añadir 9.972 euros en concepto de «gastos de la convocatoria de junio» y 8.258 euros por la de julio.
«Con los nuevos costes de gestión se eleva hasta los 21.875 euros el total a abonar entre los concellos afectados. En dos años los costes para los concellos se incrementaron en más de un 80 por ciento», expone la moción.
Además, argumenta que en toda Galicia solo tres territorios gallegos (Viveiro, Cee y A Rúa) son los responsables firmar el convenio con la CIUG y del pago del citado coste, mientras que el resto de los territorios gallegos no asumen ninguna carga directa.
En A Rúa tienen que realizar las pruebas de acceso a la universidad alumnado del IES Cosme López (A Rúa), IES Quiroga (Lugo), IES Martaguisela (O Barco), IES Xermán Ancochea Quevedo (Trives), IES Carlos Casares (Viana), IES Lauro Olmo (O Barco) y el Colegio Pablo VI (A Rúa), siendo los concellos afectados la totalidad de Valdeorras, Trives, Viana, A Gudiña y Quiroga.
Los grupos municipales del PSOE y del BNG afirman que «es hora de que las administraciones superiores asuman sus responsabilidades y dejen de trasladar costes discriminatorios a los entes locales, que ya tienen demasiadas cargas para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía».
Califican los gastos de celebración de la EBAU de «transferencia de responsabilidad injustificada», que afecta desproporcionadamente a los pequeños ayuntamientos y reivindican la no discriminación y la igualdad de trato a los territorios.
