El conselleiro de Medio Rural hizo balance de la campaña de 2022 y anunció novedades en el Servicio de prevención y extinción
El conselleiro del Medio Rural, José González, anunció en el Parlamento que, a partir del año 2023, dos tercios de los componentes del Servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Xunta trabajarán todo el año, ya que todos los puestos de trabajo de nueve meses se van a pasar a doce meses. Asimismo, indicó que está en marcha un proceso de funcionarización para que muchos de ellos puedan adquirir la condición de funcionario. Unas novedades que trasladó en el marco de su comparecencia, a petición propia, para dar cuenta del balance de la campaña de incendios de 2022 e informar de un paquete de 20 medidas para hacer frente a esta lacra.
Estas mejoras estructurales vienen a complementar las llevada a cabo entre 2017 y 2020, donde se incrementó de forma progresiva el tiempo de trabajo del personal de tres meses hasta los seis meses actuales de contratación. Una medida, aseguró José González, que supuso duplicar los costes laborales de este personal, pasando de menos de siete millones de euros a más de 14 millones.
Además, también se duplicarán las brigadas helitransportadas públicas de la Xunta, creando tres nuevas brigadas públicas que se sumarán a las ya existentes en las bases de Marroxo, Campiño y Vilarmaior. Una apuesta decidida, reiteró el conselleiro, por un dispositivo público que cada año evidencia su profesionalidad y riguroso trabajo a favor de los montes gallegos.
Del mismo modo, se creará un nuevo grupo formado por profesionales especializados para la lucha contra los fuegos más virulentos. En este sentido, José González indicó que esta unidad de análisis de los incendios permitirá la acumulación de conocimiento, mejorando las acciones a llevar a cabo ante este tipo de incendios. Por eso, el conselleiro dejó clara la apuesta de la Xunta por un dispositivo contra incendios público, profesional, versátil y, sobre todo, eficaz. Un servicio, matizó, cuya profesionalidad viene por la línea de la estabilidad en el trabajo de sus integrantes al tiempo que por una idónea formación y preparación, en la que la Xunta invertirá en 2023 un total de 700.000 euros.
1.609 incendios en Galicia
El conselleiro señaló que a pesar de las condiciones de temperaturas extremas este verano, y con mayor intensidad en el mes de julio, el dispositivo de lucha contra incendios fue capaz de solventar una situación agravada no solo por el cambio climático, sino también por la carga de biomasa en el territorio y la intencionalidad detrás de muchos incendios.
Así, José González señaló que entre enero y octubre de este año se registraron 1.609 incendios en Galicia, que afectaron una superficie total de 51.643,3 hectáreas, de las cuales más de 16.852 ha fueron de superficie arbolada. Sin embargo, hay que destacar -una vez más- el trabajo de los equipos de extinción, que consiguieron que el 82 % de esos 1.609 fuegos se quedaron en conatos y sólo 76 fuegos superaron las 20 hectáreas de superficie.
Unas cifras, trasladó el titular de Medio Rural, que hay que valorar después de una situación extraordinaria de sequía en toda la comunidad, con temperaturas extraordinarias -tanto diurnas como nocturnas- y un episodio completamente inédito del norte peninsular acaecido en el mes de julio denominado sistema convectivo de mesoescala. Así, recordó que en la tarde noche de 14 de julio, en Galicia se registraron más de 6.000 rayos que ocasionaron hasta 52 incendios de manera casi simultánea en un período de sólo cuatro horas.
Así, el titular de Medio Rural aseguró que entre el 14 y 18 de julio se registraron hasta cinco grandes incendios forestales en Galicia de un total de 140 registros. Esos cinco incendios quemaron en su conjunto más de 35.000 hectáreas. El primero fue en Folgoso do Courel y en A Pobra do Brollón, en el que se llegaron a juntar hasta cinco incendios. En el caso del incendio de Carballeda de Valdeorras, también afectó a los municipios de O Barco y Rubiá. Seguidamente hubo otro fuego en la parroquia de Pradoalbar, en el ayuntamiento de Vilariño de Conso, y los incendios de Rabal y Videferre, en el ayuntamiento de Oímbra.
El conselleiro destacó que durante la extinción se decretaron un total de diez Situaciones 2 en cinco ayuntamientos, por la cercanía de los fuegos a zonas habitadas. Así, señaló, ante el comportamiento errático que estaban teniendo los incendios, se procedió a evitar el riesgo vital para la población, priorizando el desalojo de núcleos y dándole prioridad a la integridad del propio personal de extinción y de los servicios de emergencia. En este sentido, cifró en más de 900 personas las desalojadas en 60 aldeas del Courel y otras 500 personas de 20 aldeas en la zona de Valdeorras.
El titular de Medio Rural subrayó que la prioridad a corto plazo fue a revertir las consecuencias más graves de estos incendios. Así, la Xunta puso a disposición de las personas afectadas por los fuegos ayudas directas por un importe total de 9 millones de euros, de los cuales 4 millones provenían de la Consellería de Medio Rural, para la reposición de explotaciones forestales, agrícolas o ganaderas.
Asimismo, de forma paralela, explicó el conselleiro, se mantuvieron reuniones tanto con los alcaldes de los municipios afectados como con las comunidades de montes para empezar lo antes posible con los trabajos de recuperación de las zonas quemadas. En esta línea, se procedió a la suelta de paja para acolchar el suelo y evitar arrastres de cenizas o una erosión mayor del terreno, mediante la técnica del mulching. También se agilizaron los trámites de tala de madera, para poder proceder lo antes posible a la retirada de la madera comercial y no comercial, con el fin de evitar la pérdida de su valor y la aparición de plagas.
Además, José González también ensalzó el extraordinario trabajo de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) que, sin estar extinguidos los incendios, se puso a trabajar sobre el terreno para determinar las posibles causas y causantes. Así, quedó evidenciado que la mano del hombre estuvo detrás de muchos incendios y, gracias a las investigaciones de la UIFO, la Guardia Civil pudo detener a tres presuntos autores de hasta 10 incendios registrados en Ourense y Lugo, a la presunta autora de hasta cinco fuegos registrados en agosto en Verín y al presunto autor de más de una docena de incendios forestales en los ayuntamientos de Salvaterra de Miño y Ponteareas.
20 millones de euros en mejora de infraestructuras
La Consellería destinará el próximo año cerca de 20 millones de euros en mejoras de infraestructuras, destacando la creación de tres bases de unidades operativas -que vienen a sustituir a los actuales puntos de encuentro de brigadas forestales- en los ayuntamientos de Muíños, Rianxo y Mondoñedo y la reforma integral de más de una decena de bases destacadas por el territorio. A eso se suma la finalización de las obras de la nave de Verín, que albergará la nueva sede del distrito forestal XIV Verín-Viana, así como el final de las obras de la nave de logística en Lalín junto con un taller de reparación para los vehículos del dispositivo.
Además, el conselleiro también destacó la inversión que se llevará a cabo para mejorar las instalaciones de diversas bases aéreas, reformando la de San Xoán de Río (Ourense) y creando una nueva en Lalín. A mayores, recordó que el pasado viernes se sometió a trámite de información pública el proyecto de construcción de una base de medios aéreos transfronteriza -en el marco del proyecto Interlumes- que se situará entre los municipios de Verín y Oímbra. Por último, trasladó que se seguirá avanzando en la primera fase del Centro integral de lucha contra el fuego de Toén, con la renovación del primero de los edificios del complejo para convertirlo en un aula de formación y centro administrativo.
A este presupuesto, concretó José González, se suman otros 10 millones de euros para renovar el parque móvil del Servicio de prevención y extinción de incendios, con la adquisición de 18 vehículos motobombas ligeros y pesados, la renovación de casi 140 vehículos para las brigadas de seis meses y la compra de 20 equipos Batracio, que consiste en un tractor con rozadora para tareas de prevención y una cisterna de gran capacidad para los trabajos de extinción.
El conselleiro hizo un repaso por las medidas preventivas a llevar a cabo a medio y largo plazo. Así, destacó el Plan preventivo de Galicia, que con más de 33 millones de euros, permite trabajar en una superficie de más de 58.600 hectáreas y 5.780 kilómetros de pistas y otras vías de comunicación. Además, a su amparo, se construyeron 111 nuevos puntos de agua y se acondicionaron los 4.750 existentes.
Aldeas modelo y polígonos agroforestales: La prevención
A mayores, indicó José González, se seguirá intensificando la implantación de aldeas modelo, polígonos agroforestales y agrupaciones de gestión conjunta en todo el territorio gallego, al amparo de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia. En este sentido, subrayó que precisamente las aldeas modelo de Osmo (Cenlle) y de Parada dos Montes (A Pobra do Brollón) sirvieron de contrapunto como zona de anclaje para defenderlas de los incendios forestales registrados en verano en ambas localidades. Por lo tanto, queda demostrado que los instrumentos habilitados en la citada ley son efectivos para frenar el avance de los incendios forestales, además de ser claves en la puesta en valor de la tierra y en la generación de actividad económica.
En esta línea de prevención, José González también hizo hincapié en el convenio de protección de las aldeas, al que están adheridos un total de 276 ayuntamientos de nuestra geografía. Así, puso en valor no solo la superficie gestionada, que pasó de representar la mitad del total en 2019 a superar el 70 % en el año 2022, sino también el compromiso de los ayuntamientos adheridos. Un compromiso, señaló, que no acaba de concretarse en el caso de las Diputaciones, la excepción de la de Ourense, la cual ha comprometido el 50 % de la financiación de un total de 26 tractores dedicados a tareas de prevención en otros tantos ayuntamientos de su provincia.
Por eso, el titular de Medio Rural incidió en que la futura Ley de lucha integral contra los incendios forestales puede suponer un gran pacto que saque los incendios del debate partidista y que procure un acuerdo sobre la política autonómica contra los fuegos, incluida la participación de todas las Administraciones en la financiación de dicha política y el consenso sobre las medidas propuestas.
Una ley, matizó, que busca hacer el territorio gallego más resiliente frente a los incendios forestales por la vía de paisajes cortafuegos, buscando discontinuidades, y por la diversificación de especies arbóreas. Una norma, destacó José González, que conecta directamente con las premisas de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia y con el Plan forestal de Galicia, que apuesta por una gestión activa del monte para así garantizar una rentabilidad a sus propietarios.
