El presidente de la Diputación de Ourense y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP considera dicha medida necesaria para hacer frente a la crisis del COVID-19
El presidente de la Diputación de Ourense y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Manuel Baltar, manifestó al término de la reunión telemática celebrada por el órgano de gobierno de la FEMP, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “debe activar con la máxima urgencia un real decreto exprés para diputaciones y ayuntamientos para poder hacer frente a las consecuencias de la pandemia del Covid-19”.
Baltar, quien se alinea con la tesis de reclamar al Gobierno “soluciones de emergencia económica” para las entidades locales, defiende una inmediata reunión entre la FEMP y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
“Las palabras son eficaces si hay diálogo y acuerdo; de lo contrario, no son más que un ejercicio de pérdida de tiempo”, afirma.
En este sentido, se muestra partidario de que el presidente de la FEMP, Abel Caballero, reclame la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), cuya celebración debe ser necesariamente previa al consejo de ministros en el que se debata la propuesta de decreto de ayudas a los municipios y provincias.
“La labor de interlocución de la FEMP ante el Gobierno se ha demostrado ineficaz hasta el momento, pues las entidades locales, y por extensión nuestros vecinos, seguimos sin recibir lo que nos corresponde, nuestros ahorros, y seguimos pagando las consecuencias de una cerrazón, con esa actitud por parte del Gobierno de volverle la espalda a los verdaderos problemas que está padeciendo el municipalismo español”, sostiene Baltar.
“El sistema de ayudas que reclamamos para las entidades locales debe centrarse en el fondo incondicionado de 5.000 millones y en el de 1.000 millones destinado a rescatar a las concesiones de transporte urbano, no hay más realidades”, explica Baltar,.
Lamenta que tras el fracaso del decreto anterior en el Congreso “el Gobierno siga defendiendo que los ayuntamientos y diputaciones le entreguen sus ahorros para poder acceder a unas ayudas que la Administración Local merece recibir sin cortapisas por haber estado desde el primer momento en la batalla frente al COVID-19”.
La propuesta de ayudas debe expresar, dice, “una pluralidad política municipal, tal y como se ha visto en la votación del Congreso en contra del anterior real decreto; negociación, sí, toda la que haga falta, pero también concreción, celeridad y eficacia, que es lo que demandamos para que este parón económico y financiero forzado por el Gobierno no acabe lastrando e hipotecando a las entidades locales”
Defiende, en base a los acuerdos de abril y mayo, que el Gobierno incluya en su nueva propuesta de real decreto “la aplicación de superávits, la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, además del concepto de déficit y de estabilidad, así como las medidas de ayuda directa que cuentan con un amplio respaldo político”, afirma.
Considera fundamental “garantizar en ese futuro decreto que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos, una vez que se concreten las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado por la Unión Europea”.
