El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, señaló durante el pleno que aprobó el convenio de prevención de incendios con la Xunta y Seaga, que en lo que va de año ya son 43 los expedientes abiertos, cifra que en 2025 llegó a 337
El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, advirtió hoy, durante la aprobación en un pleno extraordinario de la adhesión al convenio con la Xunta y Seaga para la prevención y defensa contra incendios forestales, que «vecinos y vecinas tienen la obligación de desbrozar sus fincas todo el año, y no solo en primavera, tanto las parcelas que están dentro del núcleo urbano como o aquellas que lindan con terrenos trabajados, fuera del núcleo urbano». Las sanciones, subrayó, son de hasta 1.500 euros (900, si es pronto pago).
El alcalde precisó que en 2024 se abrieron 302 expedientes sancionadores; en 2025, 337, y en lo que va de año 2026 ya son 43. «Los expedientes van para adelante y ya estamos tramitando varios de ellos», aclaró.
Comenzó su intervención que O Barco se adhiere al convenio con la Xunta y Seaga aún cuando comparte los argumentos de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), de la que el Ayuntamiento de O Barco forma parte, que la llevaron este año a no participar del mismo.
La Fegamp esta vez rechazó la propuesta del convenio con la Xunta por la duración del mismo (cuatro años en los que no se ha tenido en cuenta que habrá de por medio unas elecciones municipales); porque tira del Fondo de Cooperación Local, concretamente un 30 por ciento; porque contempla una limpieza de 12 kilómetros de vías municipales, a través de Seaga, cuando estima que deberíanser 20; porque la Xunta limita a municipios de menos de 10.000 habitantes la limpieza subsidiaria por parte de Seaga y por falta de claridad presupuestaria (se habla de 61 millones pero no se presentó la partida).
Explicó que el Concello asume todas las obligaciones correspondientes del convenio como, por ejemplo, identificar a los responsables de las parcelas dentro de las fajas secundarias de 50 metros perimetrales a los pueblos. «Si no hay claridad de quien es el dueño, se le encomienda esta labor al GES», precisó. También contar con un plan municipal, entre otras.
En convenio prosperó con 14 votos a favor del grupo de gobierno del PSOE y del PP, con la abstención del BNG. El portavoz de este último grupo, Manuel Agra, señaló que «nos piden que aprobemos un convenio que no funciona como debería, sin hacer crítica ni autocrítica. Mientras no tomemos en serio lo que pasó en agosto en Valdeorras, y tan solo sea una cuestión burocrática, seguirán produciéndose más desastres ambientales y económicos. Deberíamos reaccionar».
