La propuesta fue aprobada por unanimidad en el pleno de la Corporación provincial
El Pleno de la Diputación de Ourense, en su última sesión del año, acordó constituir un grupo de trabajo, integrado por todos los grupos políticos representados en la Corporación provincial, que tendrá como objetivo definir la sede definitiva que acogerá la delegación de la Diputación en la comarca de Valdeorras.
La propuesta, aprobada por unanimidad, implica el estudio del lugar en el que se situará la delegación provincial, así como sus características y las competencias o servicios que se puedan situar en la futura sede.
Al mismo tiempo, el grupo de trabajo también tendrá como finalidad estudiar el proceso de rehabilitación del edificio comprado en A Rúa en 2022 por la Diputación, en la confluencia de las calles Progreso y Benito Fernández, inicialmente destinado a acoger instalaciones provinciales.
Desde septiembre de 2023, la Diputación de Ourense cuenta con una sede en la Casa Grande de Viloira, gracias a un convenio de colaboración firmado con la Xunta de Galicia, propietaria del inmueble y donde tiene servicios administrativos para la comarca.
Residencias centros de atención a mayores
Por otro lado, en el pleno se aprobó la ampliación del plazo de justificación de las siete residencias de mayores que se están construyendo en otros tantos ayuntamientos ourensanos, en virtud del convenio firmado con la Xunta de Galicia en el marco del Plan de Inversiones para Equipaciones Sociales en la provincia de Ourense.
Los siete centros de atención a mayores que están en construcción son los de A Teixeira, Laza, Os Blancos, Piñor, Trasmiras, Xunqueira de Ambía y A Gudiña, proyectos que la Diputación cofinancia con cerca de 1,5 millones de euros en dos anualidades -2024 y 2025-, asumiendo la parte que le correspondería aportar a los ayuntamientos. Hay dos excepciones: A Teixeira, que también acerca casi 337.000 euros, y Trasmiras que incorpora 747.500 euros a través de cofinanciación privada.
Administración digital
La Corporación provincial también aprobó la adhesión de la Diputación al convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y la FEGAMP para compartir plataformas, infraestructuras, recursos y servicios que contribuyan al desarrollo de la administración digital, una mayor aproximación a la ciudadanía y una prestación más eficiente de los servicios públicos.
Mediante este convenio se ponen a disposición de las entidades locales gallegas infraestructuras tecnológicas y servicios comunes que forman parte del Catálogo de sistemas digitales. También tendrán a su disposición un catálogo de servicios organizados en tres categorías: servicios digitales de la Xunta; especializados en seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales, y datos y territorio.
PERTE: Gestión del ciclo del agua
También se aprobó definitivamente el programa para 2026 de colaboración con las entidades locales para la gestión del ciclo del agua. Junto con modificaciones en los precios del servicio, se incorporan nuevas líneas específicas derivadas del proyecto O-Inteligente (PERTE de digitalización del ciclo del agua), con la instalación de casi 65.000 contadores digitales con telelectura, o la digitalización de estaciones potabilizadoras y de depuración.
Además se aprobaron definitivamente las bases del Programa Especial de Cooperación a las obras promovidas por el Ayuntamiento de Ourense, en el período 2025-2026, con una aportación provincial de 139.500 €.
Mejora del servicio de Correos en la provincia
El Pleno aprobó también una moción en la que se pide al Gobierno de España que mejore el deficiente servicio que presta Correos en la provincia de Ourense, cancelando el cierre de oficinas y la supresión de días de reparto que acentúan la pérdida de servicios en el rural. Se solicita también que se repongan los puestos de trabajo vacantes para solucionar los problemas de personal que sufre el servicio.
La iniciativa, en cuya explicación participó Paz Saavedra, representante del sindicato CC.OO, se proponen también instar al Gobierno de España a garantizar que Correos pertenencia siempre al sistema público, impidiendo cualquier modelo privatizado, así como a convocar la cobertura de las plazas a jornada completa para garantizar su correcto funcionamiento.
