Los datos de positivos por COVID-19 en la residencia privada Nuestra Señora de Fátima de O Barco, intervenida por la Xunta de Galicia en los últimos días, preocupa al BNG comarcal, que ha emitido un comunicado público en el que solicita al Sergas que asuma la responsabilidad de dicha crisis.
Considera que lo sucedido en la residencia «no era nuevo para la Xunta, ya que había sido informada de ella hace semanas tanto a través de familiares como del propio Sergas».
El BNG considera que los factores que también influyeron en la situación que vive la residencia son la «falta de liderazgo sanitario ante esta crisis en la comarca, la dependencia de decisiones tomadas en otros centros y la inadecuación de materiales de protección».
Cita que el Hospital Público de Valdeorras atendió a residentes de Nuestra Señora de Fátima con síntomas que presuntamente podrían ser compatibles con la enfermedad Covid-19 y fueron enviados, actuando consecuentemente con los protocolos (vigentes en ese momento), de vuelta a su residencia sin esperar la realización o resultados del test de Covid-19.
El BNG dice que el sistema sanitario público debió valorar si la situación sociosanitaria de los ancianos les permitía cumplir un aislamiento en condiciones y si las condiciones cognitivas de los otros residentes permitían asegurar que se habían cumplido las normas, de lo contrario, el sistema de salud público debería buscar centros alternativos o asumir el cuidado del paciente mientras no encontrase el recurso idóneo.
Ante una situación de brote en un centro sociosanitario el sistema sanitario público, esgrime el BNG, debe valorar si este centro dispone de personal en cantidad y calificación idónea, con EPIs suficientes y si está entrenado en su uso.
El Bloque Nacionalista Galego ya avanzó que cuando se reanude la actividad parlamentaria reclamará una Comisión de Investigación de la situación de las residencias de mayores.
En la comarca de Valdeorras, los nacionalistas exigen que se estudien las responsabilidades en el sistema público y que se asuman los errores en la gestión de la crisis en la comarca.
El Hospital Público de Valdeorras, sentencia el BNG, debe garantizar la contención de la pandemia a través de sus actuaciones y directrices. En ningún caso, la situación tildada de «desmadre» por los propios inspectores de Política Social, «debe ser usada para sacar réditos electoralistas, ni eludir las responsabilidades directas», expresa el BNG.
Asimismo, explica que exisitendo en el distrito un comité para el seguimiento y control de la pandemia, éste debería estar formado por expertos elegidos por los profesionales sanitarios del distrito, que debería ser comarcal y de proximidad para agilizar la respuesta, y no tomar las decisiones desde Ourense.
En este sentido, el BNG acaba reivindicando un área sanitaria propia pues «desde que la Xunta de Galicia de Feijóo impuso el sistema de Áreas Sanitarias Integradas existe una evidente pérdida de capacidad en nuestra comarca».
Los nacionalistas indican que en las últimas semanas ha habido colapso de algunos hospitales «por las nefastas gestiones de las residencias privadas de mayores».
El BNG reivindica una red de residencias públicas para que los cuidados a las personas mayores no sean un negocio, siendo la atención sociosanitaria un derecho que se debe garantizar desde lo público. Argumenta que las residencias privadas «son un modelo caduco y ahora queda más en evidencia que nunca como las fundaciones y empresas que dirigen estos Centros comercializan los cuidados para obtener lucro a base de socializar los costes».
También apunta que algunas de las residencias de la comarca están en estos momentos exigiendo a sus trabajadoras y trabajadores el aumento del horario de la jornada laboral sin percibir un incremento salarial.
Las quejas de los y de las trabajadoras en cuanto a los EPIs y protecciones que reciben «son habituales desde hace semanas, como también es habitual a falta de información y protocolización de la actuación y trabajo con personas con Covid-19», expone el BNG.
Por ello, el el BNG exige a la Xunta de Galicia que garantice los derechos de los y de las trabajadoras esenciales de las residencias de mayores, «algunas de ellas confinadas desde hace días trabajando y viviendo en espacios improvisados y en condiciones muy precarias», concluye.
