Amplía hasta 1,5 M€ el Plan de Vivienda que incorporará asistencia técnica espacializada para labores de investigación, identificación y regularización jurídica, registral y catastral de viviendas
La Diputación de Ourense dotará con 300.000 euros más el Plan de Vivienda para ayudar a los ayuntamientos a identificar viviendas e inmuebles en ruina o abandono. La Corporación provincial, en el pleno de julio, aprobó una iniciativa que supondrá ampliar hasta 1,5 M€ la dotación económica del citado plan, incorporando una asistencia técnica especializada para apoyar a las entidades locales en las labores de investigación, identificación y regularización jurídica, registral y catastral de viviendas y edificaciones en estado ruinoso o de abandono, así como en la tramitación de los correspondientes expedientes municipales.
Estos trabajos cobrarían especial relevancia cuando las personas propietarias sean desconocidas, hayan fallecido, no estén localizadas o existan herencias sin formalizar.
Este acuerdo se añade a otras propuestas relacionadas con el mismo asunto, entre las que figura solicitar a la Xunta de Galicia la puesta en marcha de actuaciones de conservación, demolición o ejecución subsidiaria. En este punto se reclaman cambios en la legislación urbanística y procedimientos administrativos para simplificar y agilizar a tramitaciones de los expedientes.
Además, se pide un Banco Galego de edificaciones en estado de ruina o abandono, en colaboración con los ayuntamientos, para identificar los inmuebles susceptibles de rehabilitación, recuperación o reutilización para nuevos usos residenciales, sociales, culturales o económicos, contribuyendo así revitalizar el medio rural y conservar el patrimonio construido de Galicia.
Por último, se apuesta por una respuesta coordinada en el rural frente a este problema por parte de la administración autonómica, la FEGAMP, FEMP y los colegios oficiales de arquitectos técnicos de Ourense y de arquitectos de Galicia.
Protección de los núcleos rurales
El pleno también aprobó otra moción en la que se demandan medidas administrativas y legales para regularizar propiedades abandonadas, tanto rústicas como urbanas, como herramienta de protección de los núcleos rurales para garantizar la seguridad pública y como prevención frente a los incendios.
Así, se pide a la Xunta de Galicia un sistema centralizado de tramitación y gestión de los expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, prestando apoyo a los ayuntamientos con menor capacidad de gestión y encomendando a la Agencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) la gestión recaudatoria de las sanciones que resulten firmes.
También se solicita la aplicación de sendos artículos de la ley de recuperación de tierras agrarias de Galicia y de medidas fiscales y administrativas, que facultan a la Agencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) a investigar e inspeccionar bienes y derechos en suelo rústico o de núcleo rural, sobre cuya titularidad no haya certeza. En el caso de no haber propietario, el bien pasará la titularidad de AGADER.
Este instrumento dota a las administraciones públicas de una herramienta para actuar sobre parcelas y viviendas abandonadas, cuando su estado suponga un riesgo para la seguridad de las personas, la salubridad, la conservación del patrimonio o la prevención de incendios, permitiendo igualmente que los inmuebles recuperados mediante estos instrumentos puedan incorporarse al parque público de vivienda, priorizando el alquiler accesible y la fijación de población en los ayuntamientos afectados por la despoblación.
Parque público de vivienda
Se reclama también a la Xunta un programa de recuperación de inmuebles abandonados en núcleos urbanos y rurales, en colaboración con los ayuntamientos y diputaciones, con el objetivo de rehabilitarlos e incorporarlos al parque público de vivienda, con prioridad en zonas afectadas por la despoblación, con demanda acreditada de vivienda o en las áreas urbano-forestales en las que su recuperación contribuya a reducir el riesgo de incendios y a evitar problemas generados por construcciones en ruinas a edificios colindantes.
Al Gobierno del Estado se pide que a la Dirección General de Catastro una identificación forzosa y rigurosa de los propietarios de las parcelas y bienes inmuebles que no tengan propietario cierto, mediante la colaboración interadministrativa que permita abrir un plazo para que todos los propietarios de parcelas ubicadas en territorio gallego sean identificados. Una vez rematado el procedimiento sin que esta identificación sea efectiva, la propiedad pasaría a ser gestionada por AGADER.
Limpieza de las márgenes en las vías ferroviarias
Otras de las propuestas aprobadas en el Pleno pone el foco en las infraestructuras ferroviarias, reclamando a ADIF, con carácter urgente y periódico, la limpieza, desbroce, retirada de vegetación seca y eliminación de biomasa en las márgenes de las vías ferroviarias que discurren por la provincia, especialmente en los trechos situados en zonas forestales, rurales o próximas a núcleos de población, con actuaciones prioritarias en aquellos puntos nos que ya se han producido incendios o incidencias vinculadas a la red ferroviaria.
En este contexto, se pide también un plan anual de mantenimiento preventivo, identificando los trechos de mayor riesgo (en coordinación con la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos afectados), con un calendario de actuaciones antes de la época de elevado riesgo de incendios, y mecanismos de seguimiento y evaluación. El Plan incluiría revisiones del estado de la vegetación en las zonas de dominio público, protección y servidumbre ferroviaria, sobre todo en los puntos donde la cercanía de arbolado, matorral o biomasa pueda favorecer la propagación de incendios.
Otra de las peticiones se refiere a la eliminación progresiva del uso de productos fitosanitarios en las márgenes ferroviarias, priorizando alternativas de control de la vegetación más respetuosos con el medio, la salud de las personas, la biodiversidad y con los recursos hídricos.
La moción requiere al ADIF información detallada sobre las actuaciones realizadas en los últimos años en las vías ferroviarias de la provincia, así como sobre la planificación prevista para el presente ejercicio.
Por último, la iniciativa se extiende al mantenimiento y limpieza de las estaciones de tren situadas de la provincia, tanto en su interior como en el exterior y con independencia de que se encuentren o no en funcionamiento, dado el estado de abandono que presentan muchas de ellas, con el fin de garantizar su salubridad, seguridad y conservación.
Ambulancias medicalizadas
La Corporación dio el visto bueno a una cuarta iniciativa en la que se reclaman ambulancias medicalizadas para el interior de la provincia de Ourense, en zonas clave como Verín y Valdeorras, un vehículo de Soporte Vital Avanzado de Enfermería para la zona de Trives y Viana, y uno más de soporte vital básico en la ciudad de Ourense. La iniciativa incluye la petición de refuerzos urgentes con ambulancias de enfermería avanzada mientras se consiguen las unidades médicas completas.
Se pide además que se incorpore a la base del helicóptero del 061 una ambulancia medicalizada, conectada directamente con el área sanitaria; siempre disponible para cuando el helicóptero no pueda volar.
Asuntos de trámite
El orden del día del pleno incluyó una modificación de las bases de ejecución del presupuesto actual de la Diputación, que no supone cambios cuantitativos, y que afectan a los ayuntamientos de Amoeiro, Arnoia, Larouco, Riós, Sandiás, Punxín y A Mezquita, así como a otras tres entidades, entre ellas la Universidade de Vigo, por cuestiones de cambio de beneficiario o de carácter técnico.
Además, se procedió a la inclusión, en el Fondo de Contingencia del capítulo V de los presupuestos, de los 75.000 € destinados a las obras de urgencia para la retirada de escombro y lodo a raíz de las tormentas en las localidades de A Bouza y Pixeiros, en Viana do Bolo (cuyas obras acaban de ser finalizadas).
También se aprobaron sendas delegaciones de competencias en la Diputación por parte del Ayuntamiento de Viana do Bolo, relativas a la recaudación en vía ejecutiva de los gastos de ejecuciones forzosas, y de las multas por infracciones a la ley de tráfico y a las ordenanzas municipales de circulación.
