Será presentado ante el Colegio de Abogados de Ourense y está firmado por vecinas y vecinos pendientes de la resolución judicial definitiva para su ingreso en la Comunidad de Montes
El presidente de Agrogandeira do Macizo Central (Agromacen), Pedro Rodríguez, presentará un escrito en el Colegio de Abogados de Ourense, en nombre de los vecinos y vecinas con sentencias favorables a su admisión como comuneros y comuneras en la Comunidad de Montes de Portela y Trigal (pendientes de la resolución judicial definitiva), para que valore si el abogado, José Antonio Iglesias, incumple el código deontológico en su proceder como representante de la junta de montes.
El escrito, firmado por 15 vecinos y vecinas, dice textualmente que el abogado mantiene una “actuación totalmente arbitraria con los comuneros que no son afines a la Junta Directiva. Con motivo de la celebración de las Asambleas Generales, ejerciendo su supuesta superioridad intelectual ante humildes vecinos, él decide quién entra y quién no (…) impidiendo la entrada y, por tanto, ejercer el derecho al voto a vecinos que ostentan la condición de comuneros”.
Al mismo tiempo, expone que “bajo su particular criterio, se ha procedido a la suspensión/expulsión de al menos cinco vecinos comuneros (…) impidiendo el ejercicio de sus derechos durante el tiempo que han sido privados injustamente de su condición de comuneros”.
También, argumenta el escrito que el pasado 21 de septiembre de 2023, el abogado José Antonio Iglesias “se ha autoproclamado vecino comunero de pleno derecho a pesar de no residir ni tener casa abierta en la localidad (…) incumpliendo los estatutos”.
Pedro Rodríguez señala que «estamos poniendo en cuestión su profesionalidad. El mismo reconoce que se salta la ley cuando dice que la comunidad es soberana. Lo es, pero sometida a la ley. Los estatutos están para que los cumplan todos los comuneros y la Ley de Montes está para que se cumpla en su totalidad».
Expone que Agromacen lleva la gestión de 112 comunidades de montes en la provincia de Ourense, con una experiencia de 30 años, esperamos «una respuesta del Colegio de Abogados de Ourense. No puede ser que el que tiene que defender la legalidad, sea, supuestamente, el promotor de quien la incumple».
«No ponemos en cuestión que los que están sigan en la directiva, lo que tiene que haber es claridad. Es la primera vez en mi vida profesional, y llevo cientos de asambleas, que veo que una asamblea no se celebra públicamente y con libertad en la plaza del pueblo. ¿Por qué se tiene que encerrar un abogado con una familia en una casa cerrada para una asamblea, por qué se esconden si se creen en posesión de la verdad, y por qué un abogado tiene que se asesor y decir lo que procede y lo que no, proclamándose además comunero? Todo apunta, supuestamente, a una mala praxis y también de funcionamiento».
