La alcaldesa de Carballeda afirma que se emplearán todos los mecanismos legales contra la orden de lanzamiento del 1 de marzo para desalojar a empresas de la pizarra, a instancia de la Junta de Montes de Portela-Trigal, que reclamó los terrenos donde están ubicadas
La alcaldesa de Carballeda, María del Carmen González, afirma que luchará con todos los mecanismos legales a su alcance contra la orden de un Juzgado que fijó el 1 de marzo para que se proceda al lanzamiento (desalojo) de las empresas Samaca, Irosa y la antigua Pizarras Trevinca, cuyos terrenos reclamó judicialmente la Junta de Montes de Mano Común de Portela-Trigal. Esta situación ha puesto en peligro 300 puestos de trabajo en el sector de la pizarra. “Lucharé para evitar la destrucción de los puestos de trabajo por la avaricia y la sinrazón de los que dominan el pueblo por la fuerza”, expresó.
La regidora afirma que esta situación causa daño a los trabajadores, a familias de una amplia franja que va más allá de Carballeda como Valdeorras y El Bierzo. «Esto pone en peligro que muchas familias puedan llevar un sueldo a fin de mes a casa y, por tanto, la economía local de la comarca; el pequeño comercio que vive de la gente que trabaja en la pizarra. Tiene una repercusión y dimensión muy grande», puntualizó.
Pero sobre todo, añade, el alcance se traduce en «la tensión y el dolor que muchas familias que, ahora, están sufriendo. De hecho, a mí me han llamado personas muy preocupadas por lo que está ocurriendo», puntualiza.
La alcaldesa insiste en que «que la avaricia y sinrazón de algunos ponga en jaque a nivel emocional y económico a las familias que dependen de esta empresa para vivir, es intolerable», indicó.
María del Carmen González, como alcaldesa pero también como vecina de Carballeda, hará todo lo que el Estado de Derecho le permita para evitar el lanzamiento de las citadas empresas. «No vamos a permitir que esa sinrazón y avaricia de esa gente ponga en peligro a tantas familias que necesitan ese dinero para vivir».
María del Carmen González señala que esta situación la promueven «cuatro señores que han tomado por la fuerza la comunidad de montes. Yo dudo de que alguno sea comunero. Han abusado, ejerciendo un poder que no les corresponde. Tiranizan al pueblo. Han echado a los verdaderos comuneros, que tienen una sentencia en su haber favorabe. Es decir, los auténticos comuneros han tenido que ir al Juzgado para que se les reconozca esa condición, que aún no pueden ejercer porque la junta ha recurrido la sentencia».
Esgrime que todo viene a cuenta de que la junta de montes no quisieron renovar a la empresa el permiso de arrendamiento y «ejercen un chantaje. Es aquello de que no me pagas lo que a mí me da la gana y te echo. Es jugar con el pan de mucha gente y eso no se va a permitir. No van a jugar con nosotros. Hasta aquí hemos llegado».
Y termina mandando un mensaje: «Señores que se autodenominan de la Junta de Montes de O Trigal, estamos en un Estado de Derecho y ustedes no pueden hacer lo que les de la gana. Hay muchos trabajadores sufriendo y entre todos vamos a posibilitar que no cumplan su objetivo. No vamos a dejar a los afectados solos. Los representantes del Comité de Empresa ya han manifestado su desacuerdo total y defensa a ultranza de los trabajadores. Estamos todos unidos para defender al personal y al pueblo», concluye la alcaldesa.
María del Carmen González confía en la Justicia y la Administración para la resolución de este conflicto.
