El abogado José Antonio Iglesias afirma que la orden judicial de levantamiento es firme
El portavoz de la Junta de Montes en Mano Común de Portela-Trigal, el abogado José Antonio Iglesias, afirma que la situación desencadenada por la orden judicial del 1 de marzo que obliga al levantamiento de las empresas Irosa y Samaca se debe «a la avaricia de las empresas y al desconocimiento de la alcaldesa. Han manejado y manejan a las administraciones públicas para ponerlas a su favor», dice en alusión a la notificación recibida por ambas empresas de la Consellería de Economía que anuncia el pago y levantamiento de acta de ocupación de los terrenos para el 7 de febrero (que resolverá la continuidad del empleo, 300 puestos de trabajo).
Iglesias afirma que «se han creído que porque unos funcionarios les han dicho que el día 7 de febrero les van a dar la posesión de los terrenos, pues ya han solucionado el problema. Nos alegramos mucho, sobre todo por los trabajadores».
José Antonio Iglesias indica que las resoluciones judiciales son «para que se cumplan y las instituciones públicas están sometidas al imperio de la Ley. Por tanto, la resolución judicial del levantamiento del 1 de marzo se va a llevar a cabo aún cuando diga lo contrario la Administración autonómica, a través de sus funcionarios, contra los cuales ejercitaremos acciones penales si procede en los próximos días». Y añade que «mientras la resolución judicial no se deje sin efecto, hay que ejecutarla».
El abogado señala que «cuando dije que el problema no era nuestro, no me refería a la pérdida de empleo, sino a que el problema o conflicto lo ocasionaron las empresas por no querer llegar a un acuerdo con la comunidad de montes».
Al mismo tiempo, Iglesias señala que se ha convertido en la «diana» de todas las flechas: «Se ha focalizado todo en contra de mí. Solo soy un profesional que defiende los intereses de mi cliente, es mi trabajo. Además se han utilizado los trabajadores de las empresas pizarreras como arma arrojadiza contra mi persona», señala.
El portavoz de la Junta de Montes de Portela-Trigal recuerda que la sentencia de desahucio de las empresas de pizarra es firme y ya ha pasado por todas las instancias, incluido el Tribunal Supremo. «Le han dado la razón a la junta de montes los magistrados de O Barco, tres de la Audiencia Provincial y cinco del Tribunal Supremo. La comunidad montes lleva ocho años de peregrinaje judicial para que se le reconozca su derecho frente a estas dos empresas».
Relata que hasta el 31 de diciembre de 2014, las empresas de pizarra han poseído los terrenos en base a un contrato de arrendamiento de terrenos. Desde 1 de enero de 2015 el contrato finalizó y desde entonces «nunca quisieron pagar. La Comunidad de Montes le dijo que estaba dispuesta a permitir que el patrón y sus empresas ocupen los terrenos en las mismas condiciones que los ocupan otras empresas del sector de la pizarra que tienen terrenos alquilados al lado, justamente, de los que la pizarrera ocupa indebidamente».
Y muestra la disposición de la Junta de Montes de Portela-Trigal a negociar: «Cuando quieran llegar a un acuerdo, nos sentamos a negociar. Con un acuerdo no habría que ejecutar la orden de lanzamiento de los terrenos».
Finalmente, reitera que «nosotros respetamos íntegramente las resoluciones judiciales, única y exclusivamente. Confiamos en la justicia».
